Por Manuel Donis
La firma del Acuerdo de Ginebra (17 de febrero de 1966), mediante el cual el Gobierno de la Gran Bretaña y el de Guayana Británica, hoy República de Guyana reconocieron nuestra Reclamación sobre el Territorio Esequibo, perdido mediante el Laudo de París del 3 de octubre de 1899 y se comprometieron con el Gobierno de Venezuela a buscar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” (Artículo I), culminó una larga historia de usurpación territorial que se inició en 1839 cuando el naturalista prusiano Robert Schomburgk, desconociendo la frontera entre Venezuela y Guayana Británica en el río Esequibo, presentó su línea de frontera que abarcó 142.000 kms2 al occidente de esta arteria fluvial, en suelo venezolano de la provincia de Guayana.
La historia concluyó con el Laudo de 1899, que despojó a Venezuela de 159.500 kms2 en su frontera oriental. La sentencia arbitral fue producto de un arreglo entre los jueces ‐dos ingleses, dos estadounidenses y un ruso‐ los cuales quedaron “asqueados” del arbitraje, confesando haber conocido formas indebidas en el logro de la sentencia, que no se atrevieron a poner por escrito, Agréguese la interferencia del ruso Frederic de Martens quien presidió el Tribunal Arbitral.
Esta decisión arbitral no ajustada a derecho fue protestada por el Gobierno venezolano, que la declaró nula e írrita. Nuestro agente, José María de Rojas renegó contra el Laudo, al igual que el presidente Ignacio Andrade. Se produjeron manifestaciones públicas en Caracas. En julio de 1900 la Legación Británica en la Capital notificó al Gobierno venezolano que si antes del 3 de octubre no enviaba su comisión demarcadora, Gran Bretaña procedería a la demarcación por sí sola. No quedó otro camino que incorporarse a los trabajos de demarcación para evitar males mayores.
La revisión del Laudo fue pedida al presidente Isaías Medina Angarita en 1944 por el embajador Diógenes Escalante, el diputado José Antonio Marturet y el presidente del Congreso, Manuel Egaña. Y en 1948, el presidente Rómulo Betancourt se pronunció en igual sentido en la IX Conferencia Interamericana realizada en Bogotá. Pero fue en 1949 cuando se publicó el Memorándum del estadounidense Severo Mallet Prevost, muerto un año antes en Nueva York y quien fuera Secretario de la Comisión creada en 1895 para investigar y reportar lo concerniente a la controversia entre Venezuela y Gran Bretaña.
En el Memorándum se revelaron las intimidades de la farsa de París de 1899. En 1951 el canciller venezolano Luís Gómez Ruíz se pronunció a favor de la justa reparación en nuestra frontera oriental en la IV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Americanos, a realizarse en Washington. Tres años después el consultor jurídico de la cancillería, Ramón Carmona, hizo reserva ante la X Conferencia Interamericana realizada en Caracas, en el sentido de que Venezuela no aceptaría nada que pudiera menoscabar sus derechos, ni renunciar a los mismos, en su frontera oriental.
El Gobierno venezolano ratificó este criterio en 1960 ante una delegación parlamentaria del Reino Unido. Dos años después, el 12 de noviembre de 1962, el canciller Marcos Falcón Briceño planteó la cuestión de límites con Guayana Británica en la Comisión de Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestro país logró mediante un Acuerdo que Gran Bretaña accediera a una revisión de los documentos y en julio de 1963 ambos gobiernos acordaron discutir sobre el asunto a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Así fue como se realizaron en Londres las Conferencias Ministeriales de 1963 y 1964. Pero Gran Bretaña se negó a llegar a una justa solución del problema. Tras largas negociaciones, Gran Bretaña firmó en 1966, como hemos dicho, el Acuerdo de Ginebra.
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Bibliografía: Hermann González Oropeza, S, J. y Manuel Donís Ríos. Historia de las Fronteras de Venezuela, Caracas, Cuadernos Lagoven, 1989.
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