El Gobierno Nacional ha hecho pública, por comunicado de fecha 4 de abril de 1981, la decisión del Presidente Herrera Campíns de no prorrogar el Protocolo de Puerto España. Esta es, sin duda, una determinación trascendental, que sitúa en una clara perspectiva nuestra justa reclamación sobre el Territorio Esequibo. Por eso, continuar la controversia sobre si debe o no denunciarse el Protocolo de Puerto España; o si debió o no firmarse hace once años, parece innecesario y aún estéril. La decisión del Gobierno no se presta a interpretaciones: sin detenerse a valorar el significado histórico del Protocolo de Puerto España, es lo cierto que dicho instrumento no se renovará. El Gobierno juzga que deben explorarse nuevos caminos para materializar nuestra reclamación y estima interpretar, con su decisión, el sentir nacional.
Así como el juicio sobre la conveniencia y oportunidad del Protocolo pertenecen a la historia, tampoco tiene sentido debatir sobre el valor jurídico de dicho instrumento. Si bien es cierto que el artículo 6 dispone que entrará en vigencia desde su firma, y que la falta de pronunciamiento formal del Congreso Nacional sobre la aprobación de ese Tratado, introduce particularidades específicas en el orden jurídico, no es menos cierto que luce puramente académico e inútil, un ejercicio sobre el alcance jurídico de todos estos aspectos, cuando se han respetado sus disposiciones por casi once años y cuando el Presidente de Venezuela ha anunciado que no existe, por nuestra parte, disposición.
La consecuencia inmediata de la extinción del Protocolo de Puerto España, es la plena reactivación de los procedimientos señalados por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ese Acuerdo, que tuvo en su oportunidad un respaldo sólido en el Congreso Nacional, dispone que Venezuela y Guyana deben encontrar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia.
De ahí que lo más constructivo para el país, en este momento, sea concertar nuestra atención y nuestra reflexiones en el Acuerdo de Ginebra. Debemos valorar si Guyana y Gran Bretaña han cumplido de buena fe las obligaciones que se derivan del mismo. Debemos desmenuzar los procedimientos que establece ese Tratado, a fin de seleccionar aquel que, dentro de los objetivos que las Partes le asignaron, convenga mejor al interés del país.
En estas circunstancias es fundamental que la posición venezolana sea expresión de una voluntad nacional, que no se diluya en pequeñas polémicas estériles. La unidad de los venezolanos es decisiva para que se entienda con mayor claridad que, dentro del respeto que tenemos por la existencia de un Estado vecino y amigo, tenemos también la firme determinación de hacer respetar nuestra posición. De que se respete el fundamento ético y jurídico de nuestra reclamación a obtener una reparación por el atropello del que fuimos víctimas por la acción de los imperios coloniales. Y de que ser respete igualmente el compromiso que adquirieron Venezuela, Guyana y Gran Bretaña en 1966 de encontrar soluciones satisfactorias para un arreglo práctico de la controversia.
Las posibilidades de hacer funcionar positivamente los procedimientos del Acuerdo de Ginebra aumentan en la medida en que haya mayor unidad del país alrededor de estos asuntos. Esa unidad será igualmente necesaria para hacer comprender a Guyana y a la Comunidad Internacional que para Venezuela es inaceptable, pendiente aún la solución satisfactoria de la controversia, que por decisión unilateral se produzcan actos de disposición sobre el territorio reclamado, que podrían afectarlo gravemente y que pretenderían desconocer nuestros derechos. En el caso concreto de la represa del Alto Mazaruni debe quedar claro, en el ámbito internacional, que su construcción en las condiciones actuales es inadmisible para Venezuela y que en consecuencia o estamos dispuestos a reconocer ningún derecho que pretendiera invocarse a partir de la hipotética ejecución de dicho proyecto.
La fuerza de la posición venezolana exige una disposición a ver el asunto de cara al futuro y a no desperdiciar nuestro trabajo intelectual y político en debates infructuosos. El Gobierno Nacional se propone un gran esfuerzo para sumar la voluntad y la acción de la Nación y de sus sectores representativos en este propósito, y espera que el tono del debate se adecue a lo que la Historia nos exige a todos en este momento.
Fuente: Libro Amarillo, 1981, 819-821.
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