Discurso del Dr. Andrés Aguilar, Delegado de Venezuela en la ONU, sobre la respuesta del Gobierno de Venezuela ante la Asamblea General desmintiendo las acusaciones del Canciller guyanés, Sonny Ramphal, del 5-10-1969, sobre la supuesta colaboración de Venezuela en la Revuelta del Rupununi. (Nueva York, 7 de octubre de 1969)

"Es en realidad la situación interna de Guyana la razón de ser de estas Fuerzas. Esto se demostró en la brutal represión del movimiento de los habitantes amerindios del territorio del Rupununi." 

Señor Presidente:

El señor Delegado de Guyana ha utilizado su elocuencia para presentar a la Asamblea un cuadro dramático: la pequeña Guyana como objeto de acto de agresión política, militar y económica por parte de Venezuela, a punto de ser invadida y obligada entre tanto a invertir en gastos de defensa los recursos que desearía destinar a su desarrollo. Veamos, sin embargo, cuáles son los hechos.

En primer lugar, Gran Bretaña, durante el siglo pasado, invadió desde su entonces colonia de Guayana, una séptima parte del territorio venezolano. Este hecho fue tan notorio que movió a los Estados Unidos a intervenir en la aplicación de la Doctrina Monroe. Para evitar una confrontación que podía conducir a la guerra, ambos países, superpotencias de una época poco escrupulosa, llegaron a un arreglo político que permitía a Gran Bretaña conservar lo ocupado a cambio de renunciar a nuevas conquistas. Para sellar el pacto, concibieron ambos países una farsa imperdonable: un arbitraje, con jueces británicos, rusos y americanos, sin ningún juez venezolano.

En 1899, en pleno apogeo el imperialismo, Venezuela fue obligada a someterse al “diktat” de “este tribunal”, lleno de vicios que lo hacen nulo e írrito, como tantas veces lo hemos denunciado.

Después de realizar investigaciones para reunir las pruebas necesarias en un ambiente político internacional diferente, Venezuela formuló ante Gran Bretaña la reclamación para la devolución del territorio que le había sido arrebatado. Venezuela puso especial cuidado en que su reclamación no pudiera usarse como pretexto para retrasar el momento de independencia de Guyana. Antes bien, como consta a los Estados Miembros de esta organización, dio su apoyo decidido al proceso de su descolonización, reconoció inmediatamente, dejando a salvo sus derechos, al nuevo estado y apoyó su ingreso a las Naciones Unidas. Guyana aceptó, expresa y libremente, el Convenio suscrito entre Venezuela y Gran Bretaña, en Ginebra, en 1966, para buscar una solución pacífica a la controversia territorial. En virtud de ese Tratado, se han celebrado hasta ahora dieciocho reuniones de la Comisión Mixta Guyanesa-Venezolana. La última en Puerto España, Trinidad, a fines del pasado mes de septiembre, es decir, hace apenas algunos días.

Estando, pues, pendiente la solución de esta controversia, Venezuela tiene, más que el derecho, el deber de advertir a todos aquellos que tengan la intención de invertir en el territorio que reclama que, cuando ese territorio sea reintegrado a su soberanía, no reconocería los títulos o derechos que puedan haber adquirido bajo las Leyes de Guyana. Estas advertencias son necesarias porque la legislación venezolana es estricta en la protección de los recursos naturales de nuestro país y cuidadosa de las condiciones en las cuales permite extracción de nuestras riquezas. Como no tenemos la actitud permisiva de Guyana al respecto, podríamos vernos en el futuro, una vez más en posesión de la integridad de nuestro territorio, confrontado por pretensiones inaceptables de parte de grandes consorcios extranjeros cuyo poder no puede desestimarse.

En segundo lugar, nuestra tradición histórica es clara y bien conocida: Venezuela tuvo una participación decisiva con la pérdida de sus mejores hombres, en la lucha continental por la independencia, sin pretender para sí, después de la victoria, un solo centímetro de territorio.

Venezuela nunca ha tenido, desde su independencia, ninguna guerra ni lucha armada con ninguno de sus vecinos, o mejor dicho, con ningún país del mundo. Sus límites territoriales con todos sus otros vecinos se han establecido por negociación amistosa, o por arbitrajes cuyos resultados fueron siempre aceptados, aun cuando en ciertos casos implicaron la entrega de importantes extensiones de territorio que estaban en su posesión.

Guyana y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas normales: la controversia entre ambas está sometida a un Tratado libremente aceptado por ambos países; se mantienen conversaciones en todos los niveles, inclusive en el de Ministros de Estado: el Canciller venezolano ha sostenido con el mismo señor Ramphal, que ayer acusó a Venezuela, cordiales entrevistas en Santo Domingo, en junio, y en Nueva York hace apenas unos días. Venezuela ha declarado formalmente y ha comprobado con hechos, que busca la solución de la controversia territorial por medios exclusivamente legales y pacíficos.

¿Cuál es, pues, el objeto presentar a Venezuela como un inminente agresor? La única explicación que podemos encontrarle es que el gobierno de Guyana está tratando de distraer su opinión pública interna.

Comprendemos que Guyana tiene serios problemas domésticos: la hostilidad racial heredada de la política colonial británica, que se agrava en vez de solucionarse, y situación económica difícil. Comprendemos igualmente que la presentación de Venezuela como una amenaza sirve además para justificar la alta proporción de gastos para Fuerzas Militares cuya finalidad no es, realmente, hacer frente a Venezuela puesto que Guyana sabe que nuestro país nunca será agresor.

Es en realidad la situación interna de Guyana la razón de ser de estas Fuerzas. Esto se demostró en la brutal represión del movimiento de los habitantes amerindios del territorio del Rupununi, causada por la desesperación de éstos ante la persecución de que eran víctimas. Venezuela rechaza categóricamente las infundadas acusaciones de haber participado en este movimiento.

Pero creemos que Guyana debería reflexionar antes de usar para esos fines a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen ante sí problemas verdaderamente graves en el mantenimiento de la paz. En este mismo momento se están muriendo hombres en distintas guerras en distintos lugares del mundo. Traer ante Naciones Unidas agresiones inventadas, usarlas cínicamente como instrumento para fines de política interna, es hacer un mal servicio a la Organización que constituye para los pequeños y débiles, como Guyana y como Venezuela, la mayor esperanza y la mayor garantía.

Fuente: Boletín del Archivo de la Casa Amarilla, V. 5, 1998, 349-350.