martes 4 de octubre de 2011
En 1824 Gran Bretaña había reconocido el Río Esequibo como límite occidental de la Guayana Británica. Sin embargo, atraída por las riquezas auríferas de la región, ocupó poco a poco territorio venezolano, llegando a proponer hacia 1870 la llamada Línea Schomburgk que llegaba hasta las cercanías de Upata.
Aquello provocó la ruptura de relaciones entre Venezuela y Gran Bretaña y condujo a la creación de un Laudo Arbitral que quedó constituido por dos norteamericanos, dos británicos y un ruso. A Venezuela no se le permitió nombrar a ninguno de los árbitros, aunque al menos pudo designar a un abogado de Nueva York como representante jurídico de Venezuela ante el Tribunal Arbitral. Se llamaba Severo Mallet-Prevost.
El resultado de aquel arbitraje, que tuvo lugar el 3 de octubre de 1899, se conoció como el Laudo de París. A pesar de los avatares de la Revolución Restauradora, Venezuela denunció de inmediato aquella decisión declarándola írrita. El Laudo no tomó en cuenta para nada los claros títulos que Venezuela poseía.
El Laudo fue el resultado de una componenda política. Así lo denunció en memorando póstumo Severo Mallet-Prevost, afirmando que aquella decisión fue"injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho".
Cuando Gran Bretaña concede la independencia a Guyana, se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966, en el cual las partes convienen en buscar una solución "amistosa" y "aceptable". En 1970 las partes suscriben el Protocolo de Puerto España, en el cual se congelan las negociaciones por 12 años.
Venezuela considera el territorio al Oeste del Río Esequibo como una Zona en Reclamación y así lo reconoce la comunidad internacional. Jurídicamente la posición de Venezuela se fortalece al desconocer inversiones que se realicen en ese territorio, hasta tanto se resuelva la disputa.
Esa fue la posición que sostuvimos en 1978 ante la posibilidad de que Venezuela cooperara en la construcción del proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni a cambio de la disposición guyanesa de proceder a un arreglo práctico de la disputa.
En todo caso, a partir 1983, al expirar el Protocolo de Puerto España, Venezuela manifestó su intención de remitir la controversia al Secretario General de la ONU, lo cual Guyana aceptó.
A lo largo de más de un siglo, la posición de Venezuela en este sentido ha sido la misma. La Constitución aprobada en 1999 establece en su Art. 10 que los territorios y espacios geográficos de la República "son los que le correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad". Esto se refería al Laudo de París, que Venezuela siempre consideró nulo.
En el año 2004 las cosas comenzaron a cambiar. Fidel Castro promovía la candidatura del ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, a la Secretaria General de la OEA.
Se dice que convenció a Chávez de apoyar esa candidatura. Pero para poder garantizar el triunfo de Rodríguez, se necesitaban los votos de las naciones del Caricom.
El Caricom tradicionalmente ha sido favorable a Guyana frente a la reclamación territorial venezolana. Castro intervino para suavizar la postura venezolana, a fin de inclinar el voto de esas naciones dentro de la OEA a favor de su candidato, lo cual también favorecía a Chávez.
El plan de Castro funcionó a la perfección y Miguel Ángel Rodríguez resultó electo como Secretario General de la OEA en el año 2004. Sin embargo su pasantía por la Organización fue breve, ya que acusado de corrupción en su país tuvo que renunciar y fue trasladado esposado a Costa Rica, donde fue condenado a cinco años de cárcel.
Pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Guyana ha venido otorgando concesiones y procurando extender su mar territorial a 300 millas sin preocuparse de Venezuela. De salirse con la suya, Venezuela perdería 150 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas. Si lo que les hemos escuchado al canciller Maduro y al embajador Chaderton representan la posición oficial de nuestro país, mucho me temo que vamos a lanzar al cesto de la basura los derechos que le corresponden a Venezuela. Una vez nuestra política exterior la de define Cuba.
¿Y tanta palabrería acerca de la defensa de la patria y la soberanía?... Bien gracias
Aquello provocó la ruptura de relaciones entre Venezuela y Gran Bretaña y condujo a la creación de un Laudo Arbitral que quedó constituido por dos norteamericanos, dos británicos y un ruso. A Venezuela no se le permitió nombrar a ninguno de los árbitros, aunque al menos pudo designar a un abogado de Nueva York como representante jurídico de Venezuela ante el Tribunal Arbitral. Se llamaba Severo Mallet-Prevost.
El resultado de aquel arbitraje, que tuvo lugar el 3 de octubre de 1899, se conoció como el Laudo de París. A pesar de los avatares de la Revolución Restauradora, Venezuela denunció de inmediato aquella decisión declarándola írrita. El Laudo no tomó en cuenta para nada los claros títulos que Venezuela poseía.
El Laudo fue el resultado de una componenda política. Así lo denunció en memorando póstumo Severo Mallet-Prevost, afirmando que aquella decisión fue"injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho".
Cuando Gran Bretaña concede la independencia a Guyana, se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966, en el cual las partes convienen en buscar una solución "amistosa" y "aceptable". En 1970 las partes suscriben el Protocolo de Puerto España, en el cual se congelan las negociaciones por 12 años.
Venezuela considera el territorio al Oeste del Río Esequibo como una Zona en Reclamación y así lo reconoce la comunidad internacional. Jurídicamente la posición de Venezuela se fortalece al desconocer inversiones que se realicen en ese territorio, hasta tanto se resuelva la disputa.
Esa fue la posición que sostuvimos en 1978 ante la posibilidad de que Venezuela cooperara en la construcción del proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni a cambio de la disposición guyanesa de proceder a un arreglo práctico de la disputa.
En todo caso, a partir 1983, al expirar el Protocolo de Puerto España, Venezuela manifestó su intención de remitir la controversia al Secretario General de la ONU, lo cual Guyana aceptó.
A lo largo de más de un siglo, la posición de Venezuela en este sentido ha sido la misma. La Constitución aprobada en 1999 establece en su Art. 10 que los territorios y espacios geográficos de la República "son los que le correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad". Esto se refería al Laudo de París, que Venezuela siempre consideró nulo.
En el año 2004 las cosas comenzaron a cambiar. Fidel Castro promovía la candidatura del ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, a la Secretaria General de la OEA.
Se dice que convenció a Chávez de apoyar esa candidatura. Pero para poder garantizar el triunfo de Rodríguez, se necesitaban los votos de las naciones del Caricom.
El Caricom tradicionalmente ha sido favorable a Guyana frente a la reclamación territorial venezolana. Castro intervino para suavizar la postura venezolana, a fin de inclinar el voto de esas naciones dentro de la OEA a favor de su candidato, lo cual también favorecía a Chávez.
El plan de Castro funcionó a la perfección y Miguel Ángel Rodríguez resultó electo como Secretario General de la OEA en el año 2004. Sin embargo su pasantía por la Organización fue breve, ya que acusado de corrupción en su país tuvo que renunciar y fue trasladado esposado a Costa Rica, donde fue condenado a cinco años de cárcel.
Pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Guyana ha venido otorgando concesiones y procurando extender su mar territorial a 300 millas sin preocuparse de Venezuela. De salirse con la suya, Venezuela perdería 150 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas. Si lo que les hemos escuchado al canciller Maduro y al embajador Chaderton representan la posición oficial de nuestro país, mucho me temo que vamos a lanzar al cesto de la basura los derechos que le corresponden a Venezuela. Una vez nuestra política exterior la de define Cuba.
¿Y tanta palabrería acerca de la defensa de la patria y la soberanía?... Bien gracias
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